Derecho, no guerra

Por: Santiago Alberto Vargas Niño

Abogado y politólogo de la Universidad de los Andes y se graduó con honores de la Maestría de Estudios Avanzados en Derecho Internacional Público de la Universidad de Leiden. Cuenta con experiencia profesional asesorando a distintas entidades del Estado colombiano y ha trabajado para la Oficina de la Fiscal de la Corte Penal Internacional en dos ocasiones. Santiago está interesado en el derecho penal internacional, el derecho internacional humanitario, los derechos humanos y la justicia transicional.


 

El 30 de noviembre de 1981, la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (‘ONU’) declaró que el tercer jueves del mes de septiembre, día de apertura de sus sesiones ordinarias, se observaría el Día Internacional de la Paz.[1] Posteriormente, la Asamblea General designó el 21 de septiembre como fecha para celebrar este evento.[2] A través de la Resolución 36/67, la Asamblea General reafirmó que una Paz basada exclusivamente en los acuerdos políticos o económicos de los Gobiernos no alcanzaría el apoyo duradero y honesto de los pueblos del mundo. En consecuencia, si no ha de fallar, la Paz debe fundarse en la solidaridad intelectual y moral de la humanidad.

 En este Día Internacional de la Paz quisiera proponer una lectura que llena de contenido al loable enunciado de la ONU: tan sólo el respeto por el derecho internacional, como vehículo universal de la solidaridad intelectual y moral de la humanidad, puede garantizar el logro de la Paz.

 Desde los albores del Siglo XX, los Estados han desarrollado normas jurídicas internacionales con voluntad pacificadora. El ejemplo más evidente de esta tendencia se encuentra en la denuncia de la guerra. A continuación se presentará una breve introducción al desarrollo normativo de lo que podría denominarse el jus contra bellum, es decir, el conjunto de normas jurídicas que tienen por objeto la prevención del uso de la fuerza entre Estados.  

 El 27 de agosto de 1928, los gobiernos de quince Estados suscribieron en París el Pacto Briand-Kellogg, por medio del cual condenaron el recurso a la guerra para la resolución de controversias internacionales y renunciaron a ésta como un instrumento de política nacional en sus relaciones con otros Estados. Para 1934, sesenta y tres países, que representaban casi a la totalidad de las naciones establecidas para ese entonces, se adhirieron al Pacto.[3]

 Al iniciar la Segunda Guerra Mundial, la Alemania Nazi violó esta norma emergente. En consecuencia, los Aliados reaccionaron mediante el uso de la fuerza y, al concluir las hostilidades, juzgaron a los arquitectos del conflicto. El Tribunal Militar Internacional profirió sentencias de prisión y de muerte contra los conspiradores Nazis[4] por haber incurrido en una conducta que fue considerada criminal bajo el derecho internacional por primera vez en la historia: planear, preparar, iniciar o librar una guerra de agresión, o una guerra en violación de tratados internacionales.[5]

 Con el propósito de ´preservar a las generaciones venideras del flagelo de la guerra´,[6] 50 naciones suscribieron la Carta de la ONU en San Francisco en 1945. Bajo este tratado, que en la actualidad reúne a 193 Estados de todo el mundo, está prohibido recurrir a la amenaza o al uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de cualquier Estado. Únicamente es legal acudir a la fuerza en dos escenarios: en ejercicio del derecho inherente de todos los Estados a la legítima defensa individual o colectiva, de conformidad con el Artículo 51, o bajo la autorización del Consejo de Seguridad de la ONU en presencia de una amenaza a la paz, del quebrantamiento de la paz o de un acto de agresión, según los artículos 39 y 42.

 En desarrollo de esta concepción pacifista de las relaciones internacionales, la Asamblea General de la ONU adoptó, en 1946, la Resolución 95(I), a través de la cual confirmó la naturaleza criminal de las guerras de agresión o de aquellas que sean iniciadas en contravención de tratados internacionales. Posteriormente, la Comisión de Derecho Internacional de la ONU publicó una comprehensiva lista de conductas criminales asociadas a distintos aspectos del uso de la fuerza en contravención de la Carta de la ONU.[7]

 En 1970, la Asamblea General adoptó el principio de abstención de amenaza o uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de los Estados, o en contravención de los propósitos de la ONU.[8] Una vez más, la Asamblea General reconoció que la guerra de agresión constituye un crimen contra la paz por el cual surge responsabilidad bajo el derecho internacional.[9] Sin embargo, fue sólo hasta el 14 de diciembre de 1974 que la Asamblea General definió la agresión como: ‘el uso de la fuerza armada por parte de un Estado contra la soberanía, la integridad territorial o la independencia política de otro Estado, o de cualquier otra forma inconsistente con la ‘Carta de la ONU’.[10] Ésta incluye actos de ataque o invasión del territorio de un Estado por las fuerzas armadas de otro Estado, la ocupación militar, el bombardeo o el uso de cualquier tipo de armas por parte de un Estado contra otro, el bloqueo de los puertos y costas de un Estado por parte de otro, el ataque de las fuerzas armadas de un Estado contra las fuerzas terrestres, aéreas o marítimas de otro Estado o contra sus flotas aéreas o marítimas, entre otras conductas.

 Después de 40 años, esta definición proporcionó el sustrato necesario para que la Asamblea de Estados Partes del Estatuto de Roma adoptara el crimen de agresión en la Conferencia de Revisión de Kampala de 2010. Esta enmienda castiga la planificación, preparación, iniciación o realización de actos de agresión que constituyen una violación manifiesta de la Carta de la ONU por parte de personas con la capacidad de controlar o dirigir efectivamente a acción política o militar de un Estado. Además, define el acto de agresión como: ‘el uso de la fuerza armada por un Estado contra la soberanía, la integridad territorial o la independencia política de otro Estado, o en cualquier otra forma incompatible con la Carta de las Naciones Unidas’.[11] Finalmente, impone una sanción penal a las conductas previstas en la Resolución 3314(XXIX) de la Asamblea General de la ONU.

En la actualidad, 34 Estados Partes del Estatuto de Roma han ratificado la enmienda de Kampala y es de esperarse que la Asamblea de Estados Partes decida si la activa en su próxima sesión ordinaria, en el mes de diciembre de 2017. Para ello se requerirá una decisión por consenso o el voto favorable de dos terceras partes de la membresía de la Corte Penal Internacional.

 Es evidente que diversos conflictos armados internacionales han tenido lugar paralelamente a estos desarrollos normativos. Aunque esta realidad podría ser empleada como un argumento para demostrar que el derecho internacional no puede garantizar la Paz, la gran mayoría de esas guerras podrían ser consideradas ilícitas y, en efecto, podrían atribuirse a una decisión catastrófica por parte de los líderes mundiales: la de abandonar el camino de las normas para favorecer los intereses particulares de algunos Estados.

 

En vista de las crecientes tensiones en el Medio Oriente, de la amenaza de acciones militares orientadas a detener el programa nuclear de la República Popular Democrática de Corea, de los intereses geopolíticos de Rusia en la antigua zona de interés de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y en el Medio Oriente, y de las reclamaciones territoriales chinas en el Pacífico Sur, hoy resulta fundamental recordar que la humanidad se ha esforzado por eliminar la guerra por vías legales desde hace casi un siglo.

 

En este Día Internacional de la Paz, la comunidad internacional no puede mantenerse en silencio ante amenazas de guerra pronunciadas en el Recinto de la Asamblea General de la ONU. Al contrario, debe decir con total convicción: Derecho, no guerra.

  



[1] A/RES/36/67, 30 de noviembre de 1981, disponible en: http://www.un.org/documents/ga/res/36/a36r067.htm

[2] A/RES/55/282, 20 de septiembre de 2001, disponible en: http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/55/282

[3] L. Menard, “Drop your Weapons. What Happens when You Outlaw War”, The Newyorker, 11 de Septiembre de 2017, disponible en: https://www-newyorker-com.cdn.ampproject.org/c/s/www.newyorker.com/magazine/2017/09/18/what-happens-when-war-is-outlawed/amp  

[4] Sentencia del Tribunal Militar Internacional, 30 de septiembre al 1 de octubre de 1946, Parte Dispositiva, disponible en: http://avalon.law.yale.edu/imt/judsent.asp

[5] Estatuto del Tribunal Militar Internacional, anexo al Acuerdo para la Persecución y Sanción de los Mayores Criminales de Guerra del Eje Europeo, suscrito en Londres el 8 de agosto de 1945, UNTS 280, 1951, disponible en: http://www.un.org/en/genocideprevention/documents/atrocity-crimes/Doc.2_Charter%20of%20IMT%201945.pdf, Artículo 6

[6] Carta de la ONU, 1 UNTS XVI, 1945, disponible en: https://treaties.un.org/doc/publication/ctc/uncharter.pdf

[7] Proyecto de Código de Delitos Contra la Paz y la Seguridad de la Humanidad, Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1945, Vol. II, disponible en: http://legal.un.org/ilc/texts/instruments/english/draft_articles/7_3_1954.pdf, Artículo 2

[8] A/RES/25/2625, disponible en: http://www.un-documents.net/a25r2625.htm

[9] Ibid.

[10] A/RES/29/3314, disponible en: https://documents-dds-ny.un.org/doc/RESOLUTION/GEN/NR0/739/16/IMG/NR073916.pdf?OpenElement, Artículo 1

[11] Enmiendas al Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional relativas al Crimen de Agresión, disponible en: https://asp.icc-cpi.int/iccdocs/asp_docs/RC2010/AMENDMENTS/CN.651.2010-ENG-CoA.pdf, Artículo 8(2)