El Derecho a la Memoria

Por: Beatriz Eugenia Vallejo


 

El hecho de que el conflicto colombiano haya sido tan largo, tocando épocas, lugares y circunstancias tan disímiles, representa una relación compleja entre la historia y la memoria. Se dificulta la estructuración de un recuento claro de los acontecimientos y, por lo tanto, los esfuerzos que se han hecho en el país, tanto desde la institucionalidad como desde la sociedad civil en este sentido son muy valiosos en el objetivo de reconstruir, desde distintas ópticas, los escenarios de guerra y dolor que ha dejado por toda la geografía del país el accionar de los diversos grupos armados. Pero en general estos trabajos no se han enfocado en los niños, niñas y adolescentes colombianos como protagonistas esenciales de esa memoria que es tan importante para la reconstrucción del tejido social.

No existe una memoria del conflicto, en singular, sino memorias diversas sobre hechos comunes, probablemente siempre incompletas pero a través de las cuales se va hilando una historia coherente. En el Informe del Grupo de Memoria Histórica sobre la masacre de Trujillo, Valle, se reconoce que “la memoria se construye desde relaciones asimétricas. Es decir, no todas las memorias acceden en igualdad de condiciones a la escena política”. Y en medio de todas esas voces es claro que para los menores de edad es más difícil hacerse oír, ya que su acceso directo a la justicia y al conjunto de la sociedad para exponer las violaciones a sus derechos y para exigir una reparación es complicado.

En el marco de una confrontación armada todas las experiencias son extremas, pero lo son en especial cuando el que las vive es un menor de edad, pues el daño emocional es más profundo. El hecho de aportar al relato colectivo ayudaría a los menores a hacer una catarsis, a tramitar sus vivencias de guerra. Y para la salud de la nación entera la memoria de los niños y jóvenes es vital, en el objetivo de abarcar el panorama en su totalidad; por lo tanto, resulta trascendental que las políticas públicas incluyan espacios que recojan estos recuentos. La posibilidad de expresar, de compartir, de lograr que las propias experiencias se constituyan en ingredientes de la memoria histórica del país hace parte de la reparación como herramienta integral, que comprende la restitución, la indemnización, la rehabilitación y la satisfacción. Es en este último ingrediente donde se ubica el derecho a la memoria histórica.

Dejar de lado esas voces traería consecuencias hondas para el tipo de Estado que se espera que surja después de un proceso transicional como el que se está intentando llevar a cabo, pues se constituiría en un Estado excluyente por principio.

Según la Resolución 60/147 de la Asamblea General de la ONU, se entiende por víctima no sólo a la persona que directamente ha sufrido daños que contemplen lesiones físicas o mentales, sufrimiento emocional, pérdidas económicas o menoscabo sustancial de sus derechos fundamentales, sino también a la familia inmediata o las personas a cargo de la víctima directa. En este sentido, miles de niños, niñas y adolescentes colombianos han sido o víctimas directas o personas que están a cargo de víctimas de este conflicto y tienen derecho a que esa memoria los contemple, a que abarque también sus perspectivas pues finalmente son los que van a conectar ese pasado con el futuro.

Ese temor de los niños pequeños, aún en circunstancias de normalidad, a que haya un monstruo debajo de su cama que pueda hacerles daño a ellos o a sus familias, en el contexto de un conflicto como el colombiano se convierte en real, es un monstruo que ha violado a su madre en su presencia, que ha torturado a su tío, que se ha llevado a su padre. Miles de menores se han constituido en soldados para los grupos al margen de la ley –se habla de 14.000-, miles también han sido víctimas del conflicto colombiano como personas que han tenido que desplazarse junto con sus familias, y en gran número han sido sujetos de otras violaciones a derechos humanos propios y/o testigos de violaciones a los derechos de otros, como vejaciones sexuales, torturas y homicidios. Sin embargo, se evidencia muy poca atención sobre la obligatoriedad del Estado de atender sus demandas de rehabilitación sicosocial y de memoria histórica de estos actos desde sus propias perspectivas.

En el Informe “La masacre de El Salado, esa guerra no era nuestra” se relata que “muchos niños vivieron estados de alerta permanente ante los rumores generalizados de una incursión paramilitar antes del año 2000; varios ni siquiera se quitaban los zapatos para dormir, aduciendo que se iban a cortar o se iban a lastimar si salían descalzos en la huida. El estado de alerta se incorporó en sus hábitos de la vida cotidiana, aún después del retorno, por la continuación de la guerra, pero con una carga emocional adicional, por tratarse de un hecho traumático no procesado por los adultos, quienes difícilmente pueden tramitarlo ellos mismos como para ayudar a los niños a superarlo. Por eso no les hablan al respecto, por miedo a que aquellos sucesos revivan y se desencadenen consecuencias que no pueden afrontar. El problema del silencio ante los niños es que su memoria está cargada de confusiones en los hechos y los actores, lo cual les impide entender qué y por qué sucedió”. Por eso es tan importante que los menores hablen, que pregunten, que sean escuchados y que se les pueda responder.

En la ley 1448 de 2011, Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, se resalta el enfoque diferencial, enfoque que sin embargo no ha resultado suficientemente considerado cuando se trata de recoger la memoria histórica de los menores de edad con relación al conflicto armado colombiano. Si bien se han llevado a cabo diversas iniciativas de recopilación de memoria en este segmento poblacional desde diversos frentes, a la luz de las necesidades y las obligaciones estatales se requiere de un esfuerzo mayor. Algunas de las acciones que se han adelantado en este sentido han consistido en talleres y entrevistas a niños y jóvenes de diversas regiones, que han implicado un trabajo valioso e importante para algunas poblaciones, pero que no alcanza a suplir lo requerido. Son muestras de esfuerzos que deben ser apoyados, divulgados, fortalecidos y ampliados.