LA DESAPARICIÓN FORZADA DE PERSONAS: DE LA AUSENCIA DE DELITO A UN CRIMEN INTERNACIONAL

 


 

La desaparición forzada de personas, al igual que otros crímenes atroces como el genocidio1, la tortura2, el apartheid3, se convierte en objeto de una Convención Internacional especial para la protección de las víctimas y para la represión del crimen4, en el marco del derecho internacional.

 Una de las razones de ese proceder, no solo concierne la respuesta de la comunidad internacional frente a una practicidad de una conducta criminal como una cuestión actual y sistemática dentro de un contexto, sino también a lo atroz y chocante de la conducta que no se adecúa a ninguna otra violación de los derechos humanos.

Y este es el caso de las desapariciones forzadas5. Es un crimen complejo que según las circunstancias de cada caso en particular, viola varios derechos humanos6: los derechos a la vida, a la integridad personal, a la libertad, entre otros. La adopción de un instrumento internacional y regional relativo a las desapariciones forzadas necesitó así, una construcción jurídica particular7

El ejercicio tomó más de 35 años desde que se empezaron a reportar los primeros casos ante los sistemas internacional y regional de protección de los derechos humanos. Ese panorama solo concierne el lado jurídico que ha rodeado el crimen. El lado humano no es menos complejo, la situación es desgarradora.

El crimen no solo afecta a la víctima directa del mismo, sino también a la familia, a su entorno cercano, a la sociedad. Además del sufrimiento que causa la violación de los derechos de una persona cercana, esta situación se vuelve más insoportable cuando no se sabe qué pasó con la persona que se ama. Un estado de incertidumbre que causa angustia, tristeza, zozobra, inseguridad, estrés. Se vive entre la esperanza y la desesperación8.

Es entonces un crimen maquiavélico. Y por supuesto todo crimen es reprochable. Sin embargo, la desaparición forzosa se caracterizó al principio por no ser nada, es decir, sin cuerpo y entonces sin víctima no había crimen. Corriente eran las frases: “… no sabemos nada de Mr. XXXXX; el nunca estuvo en nuestra custodia; su nombre no se encuentra en ninguno de nuestros registros de retenidos9.

Y precisamente uno de los elementos característicos de este crimen es que es cometido por agentes del Estado o por personas o grupo de personas que cuentan con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado10. Justamente el primer precedente consignado sobre el tema toma lugar en la Alemania Nazi con Adolfo Hitler y su decreto “Nacht und Nebel Erlass” (Directivas para la persecución de las infracciones cometidas contra el Reich o las Fuerzas de Ocupación en los Territorios Ocupados)11.

En los años 60 y comienzos de los 70 hace su reaparición en Guatemala y Brasil. Este crimen se vuelve posteriormente una marca de las dictaduras latinoamericanas especialmente en aquellas de Argentina y Chile. Sin embargo esta práctica criminal no solo parece haber gustado en los regímenes de dictadura12.

Otros países con regímenes constitucionales democráticos, como México y Colombia, las han calcado. Rápidamente el crimen de desapariciones forzadas invade el continente latinoamericano donde se reportan casos como en el Salvador, Uruguay, Perú, Honduras, Bolivia, Haití13.

Colombia se encuentra entre los países con mayor número de casos de desaparición forzada, junto a países como Irak, Sri Lanka, Argentina, Guatemala, Perú, el Salvador, Argelia, Chile, Indonesia, Irán, Filipinas, Líbano, India, Sudan, México, Rusia, Yemen, Honduras, Marruecos, Etiopía, Nicaragua y Turquía14.

En los años 1999 y 2000 Colombia fue uno de los países que reportó más casos con Indonesia, India y Rusia. Este escenario no cambia para Colombia en 2001, que siguió reportando más casos con Nepal y Cameron15. Colombia ratificó la Convención internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas16 el 11 de julio del 2012 y ratificó la Convención Interamericana sobre desaparición forzada de personas17 el 1 de abril del 2005.

La Comisión Interamericana de los Derechos Humanos va a ser el primer organismo que se ocupara de examinar casos de desaparición forzada. Ello ocurre cuando esta práctica se vuelve sistemática en las dictaduras Latinoamericanas en los años 70. La Asamblea General de la OEA solamente reconocerá oficialmente la existencia de este crimen en 197918 y lo declarara crimen contra la humanidad en 198319.

En el sistema de las Naciones Unidas se comenzará a estudiar el tema en 1975 con respecto a Chipre y luego se profundizará cuando se reportan casos que sucedieron en Chile. Dada la preocupación de la ONU frente a estos crímenes, la organización crea un grupo de trabajo sobre desapariciones forzadas e involuntarias en 198020. A partir de 1992 en el seno del consejo de los derechos humanos, existe también un grupo de trabajo que ejerce funciones humanitarias relativas a la investigación de casos y de ayuda a las familias21.

Posteriormente, la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptará una resolución sobre la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas en 199222. Finalmente se adoptaran la Convenciones contra el crimen de las desapariciones forzadas en el plano internacional y regional en el 2006 y en 199423 respectivamente.

Estas son el resultado de arduos y contínuos trabajos de la ONU y de la OEA durante un período bastante extenso. Uno de los retos era conceptualizar el crimen de desapariciones forzadas. Se puede observar que si bien las dos convenciones no consagran una definición idéntica del crimen, contienen los mismos elementos24. Y es el mismo caso de la definición que del crimen contiene el Estatuto de Roma25.Se necesitó mucha crueldad de la humanidad antes de disponer en el derecho internacional de instrumentos para proteger a las víctimas y castigar la comisión de estos crímenes. Se consumó mucho sufrimiento y se necesitó mucho activismo de la parte de las familias para que sus seres queridos y ellos mismos pudieran obtener justicia.

 La mejor forma de haberla obtenido es que esta práctica criminal tan abominable, pasara de ser nada a ser un crimen contra la humanidad26 con todos los efectos que ello conlleva en el plano internacional y con respecto a la conducta de los Estados.

 

Elsa Patricia Romero Cortes

Doctora en Derecho Público – Universidad Aix-Marseille Université

 

1ONU. Convención para la prevención y la represión del crimen de genocidio. Paris, 9 de diciembre de 1948. Entrada en vigor el 12 de enero de 1951. 

2ONU. Convención contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. Nueva York, 10 de diciembre de 1984. Entrada en vigor el 26 de junio de 1987.

ONU. Convención Internacional sobre la Represión y el Castigo del Crimen de Apartheid. New York, 30 de noviembre de 1973. Entrada en vigor el 18 de julio de 1976.

4ONU. Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas. New York, 20 de noviembre del 2006. Entrada en vigor el 23 de diciembre del 2010.

El artículo 2 de la Convención define las desapariciones forzadas así: “el arresto, la detención, el secuestro o cualquier otra forma de privación de libertad que sean obra de agentes del Estado o por personas o grupos de personas que actúan con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado, seguida de la negativa a reconocer dicha privación de libertad o del ocultamiento de la suerte o el paradero de la persona desaparecida, sustrayéndola a la protección de la ley”. 

OEA. Convención Interamericana sobre la desaparición forzada de personas. Adoptada en Belém do Pará, Brasil, 9 de junio de 1994. Entrada en vigor el 28 de marzo de 1996, preámbulo.

7  COMISION DE LOS DERECHOS HUMANOS. Civil and Political Rights, Including Questions of: Disappearances and Summary Executions. Report submitted by Mr. Manfred Nowak, independent expert charged with examining the existin international criminal and human rights framework for the protection of persons from enforced or involuntary disappearances, pursuant to paragraph 11 of Commission resolution 2001/46. 58thsession, item 11 of the provisionalagenda. E/CN.4/2002/71, 8 January2002, p. 4; DE FROUILLE, Olivier. Normes et recours internationaux en matière de disparitions forcées. Intervention dans le Colloque « Pouvoirs publics et disparitions forcées en Méditerranée », organisédans le cadre de la Coalition euro-méditerranéenne des familles de disparus le samedi 20 avril à Barcelone, Espagne, p. 3.

8   Ídem., Comisión de los Derechos Humanos.

9  Ibidem, p.8. 

10 Supra, nota 4, art. 2.

11 Supra, nota 7, par. 7, p. 7.

12 Ídem. par. 8, p. 7;www.irenees.net

13  Ídem.,www.irenees.net

14Supra, nota 7, par. 10, p. 8.

15 Ídem.

16 Supra, nota 4.

 17 Supra, nota 6.

 18 OAS. AG/Res.443 (IX-0/79). Adopción en la 12 sesión plenaria, 31 de octubre de 1979, par. 5.

19  OEA. AG/RES. 666 (XIII-0-83). Adopción en la 7ma sesión plenaria, 18 de noviembre de 1983.

20 Supra, nota 7, par. 12, p. 8 y 9.

 21 www.diplomatie.gouv.fr

22  AGNU. Declaración sobre la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas. Res. 47/133, 18

de diciembre de 1992.

23Supra, notas 4 y 6.

 24 Ibidem., arts. 2 y 2 de las Convenciones respectivamente.

 25 ESTATUTO DE ROMA DE LA CPI. Creación de la Corte Penal Internacional. Roma, 17 de julio de 1998. Entrada en vigor el 1 de julio del 2002, art. 7, par. 2., i).

26 Ibidem., art. 7, par. 1, i); Supra, nota 4, art. 5; Supra., nota 6, preámbulo.