Transformaciones de papel: búsqueda perpetua del estado de paz, verdad y justicia en el caso sudanés, sur sudanés y su reflexión en el caso colombiano

POR: PAULA ANDREA GUTIERREZ HIDALGO.

ESTUDIANTE GOBIERNO Y RELACIONES INTERNACIONALES

UNIVERSIDAD EXTERNADO DE COLOMBIA 


 

 A pesar de presentar estructuras e instituciones distintas, países como Colombia en América Latina, Sudan y Sudan del Sur en África, comparten una realidad común caracterizada por su prolongado conflicto armado interno. De esta manera, se han generado varios intentos a lo largo de la historia de estos países, para transformar la coyuntura marcada por la múltiple violación de los Derechos Humanos a un ambiente de paz. Sin embargo el caso  sudanés y sur sudanés demuestran las dificultades implícitas en procesos de paz y justicia transicional, que pueden ser tenidas en cuenta en el caso colombiano y de esta manera aportar experiencia para el éxito en los retos que actualmente enfrenta Colombia.

Por más de cinco décadas, tanto Sudan, Sudan del Sur como Colombia han sufrido un constante conflicto armado interno, en el cual se encuentran más de dos actores armados involucrados, los cuales a su vez han presentado transformaciones a lo largo de su historia que responde a las dinámicas coyunturales. En adición a esto, los recursos naturales juegan un papel importante, en el caso africano el petróleo principalmente, de la zona de Kordofan, y en el caso latinoamericano los cultivos de coca y la minería ilegal entre otras actividades ilegales. El juego de poder de las elites y demás especificidades de las dinámicas del desarrollo del conflicto de cada país, han perpetuado la búsqueda por la paz mediante diferentes mecanismos que como la justicia transicional en el caso sudanés y sur sudanés, no han lograron consolidarse.

El conflicto inicialmente contra la dominación del norte, en vez de ser solucionado por las partes participantes en los procesos de negociaciones de paz y justicia transicional, han dado paso a la metamorfosis del conflicto al interior del nuevo país y agravando la situación de otras regiones como los es Darfur al accidente de Sudan. 

El caso colombiano, vive un momento coyuntural donde las negociaciones con las FARC y las herramientas de justicia transicional delinean el camino hacia la paz. Bien vale la pena entonces preguntarnos ¿en qué medida la justicia transicional colombiana genera garantías para una paz estable al considerarla en el marco de un análisis comparado al caso sudanés y sur sudanés?

Sudan y Sudan del Sur

El conflicto en Sudan data sus orígenes hace más de medio siglo (Sosa, 2004), antes de su independencia de Egipto y Gran Bretaña el 1 de enero de 1956. La independencia no dio paso a un periodo de paz y progreso, pues aunque se estructuró un nuevo Estado, no se consolido una verdadera Nación ( Viorst, 1995). No se hizo esperar entonces la reivindicación  de autonomía de la región del sur, los cuales fueron reprimidos por las nuevas autoridades sudanesas, y de esta manera, se abrió paso al alzamiento armado que provoco la primera guerra civil sudanesa. (Díez Alcalde & Vacas Fernández, 2008).

El primer triunfo de pacificación del gobierno se logra a través de la negociación del  acuerdo de paz de Addis Abeba con el líder del grupo rebelde Anya Nya, Joseph Lagu en 1972. Esta negociación se acuerda favor del desarrollo pacífico de la zona (Wabgou & Penagos, 2007), mediante tres puntos importantes: la concesión de autonomía en las provincias sureñas, la repartición igualitaria de los beneficios derivados de la exportación del petróleo y finalmente, se consolido la suspensión de la aplicación de la Sharia en todo el territorio sudanés (Díez Alcalde & Vacas Fernández, 2008). Pero las esperanzas de pacificación duraron poco. A inicios de la década de 1980 las crecientes tensiones derivadas del descubrimiento de yacimientos petroleros en el sur de Sudan, cuyos beneficios no fueron repartidos en la región, concentrándose en el norte ( Díez Alcalde J. , 2012), al mismo tiempo que el presidente de turno, Yaafar Nimeiry implementó para todo el país la ley Sharia en mayo de 1983 (Andebeng Labeu, 2008), generaron un gran descontento en una población consumida por la pobreza, provocando así, el colapso de los acuerdos (Boddy Evans, 2014), dando paso al estallido de la segunda guerra civil sudanesa.

El desmoronamiento de estos acuerdos se debe entonces a que estos no lograron solucionar los problemas del país. No contenían soluciones de fondo para los desequilibrios económicos, políticos y de desarrollo entre las zonas en conflicto (Metelits, 2004), al igual que las garantías al sur eran marginales en la medida que su participación política aún era reducida. Desde este momento el Ejército Popular de Liberación de Sudán (SPLA) y su órgano político, el movimiento Popular para la Liberación de sudan (SPLM) han encabezado la luchado en contra de la dominación del norte. 

Con este grupo en 2002, se inician nuevas negociaciones para poner fin a esta segunda guerra, las cuales culminan el 9 de enero de 2005 mediante la firma del Acuerdo General de Paz (CPA) compuesto por seis protocolos en los que se proporcionan diferentes mecanismos tales como un periodo transicional de seis años para otorgar autonomía al sur logrando su independencia el 9 de julio de 2011; cese de hostilidades; compartición de poder; acuerdo de reparto de riqueza; consulta populares con respecto a las zonas fronterizas del Estado de Kordofan y el Sur del Nilo (Zapata, 2011) al igual que la implementación de libertad de culto  ( Díez Alcalde J. , 2012).

A pesar de los diferentes procesos y negociaciones, la crisis humanitaria tanto en Sudan como en Sudan del Sur aún persiste. Así, esta región africana comparte los primeros lugares de desplazamiento forzado interno con Colombia (Villacís , 2013), debido a la no implementación del CPA de la manera acordada (Zapata, 2011)  y a la no consideración integral de todos los actores armados de todas las partes de anterior gran Sudan. Esto deja dos consecuencias nefastas: por un lado, el surgimiento de nuevos actores armados en la región de Darfur al occidente de Sudan debido a la falta de presencia gubernamental para fomentar el desarrollo en la región (Herrera , 2006), donde desde el 2003 al 2010, se han generado más de dos millones de desplazados según International Crisis Group, (Villacís , 2013),  además ser el escenario del primer genocidio del siglo xxi. De igual forma que en las negociaciones anteriores, las precarias reformas y mecanismos de justicia transicional dirigidos hacia la reconciliación y acatamiento de responsabilidad, en la medida que la firma del Acuerdo de Paz de Darfur (DPA),  han sido vistas como un sistema de impunidad sin la promoción de un cambio genuino en el gobierno (Stroehlein, 2009), además de criticarse el pobre papel de las víctimas, casi invisible en el proceso.

En segundo lugar, la no implementación del CPA genero la oportunidad de volver nuevamente a un estado de guerra civil. Esto se debe a que el partido gobernante, el Congreso Nacional freno las proposiciones clave del acuerdo para una transformación democrática, donde se incluye la derogación de leyes represivas y la instauración de la libertad fundamental de asociación y de expresión, además de bloquear las acciones necesarias para el referéndum al sur del país (Stroehlein, 2009).

Lo anterior sin embargo, no fue impedimento para el surgimiento de un nuevo país, con grandes desafíos tales como la crisis interna derivada de la guerra civil, la carencia de una estructura institucional fuerte y recursos para proporcionar condiciones de vida digna en el país (Jaramillo, 2010). Desafíos que no lograron superarse debido a la implosión de un nuevo conflicto en diciembre de 2013 debido a disputas de poder entre el presidente y un diputado en la nueva nación africana. De esta manera ambas facciones han cometido diferentes delitos tales como homicidios, saqueos, reclutamiento de niños, violencia sexual, etc. (Crawford, 2015).

Un nuevo intento por la consolidación de la paz se genera en Addis Abeba en 2014, en donde los firmantes se comprometen de nuevo, a cumplir los acuerdos de cese a las hostilidades, además de establecer varias medidas de justicia transicional para el juzgamiento de líderes políticos y militares responsables de estas violaciones, al igual que instar al nuevo país a la firma del Estatuto de Roma (Crawford, 2015).

Este acuerdo de paz logra concretarse en 2015, estableciendo en el artículo 1 del capítulo 5 tres nuevas instituciones a favor de la consolidación de justicia, entendidas como la Comisión de la Verdad, la Reconciliación y la Curación, el tribunal mixto independiente de Sudán del Sur instaurado por la Comisión de la Unión Africana, y la Autoridad de Compensación y Reparación. El trabajo de estas instituciones será regulado por el Parlamento y el gobierno se verá obligado a apoyar el trabajo de la Comisión de verdad, además de cooperar con el tribunal mixto (Radio Tamazuj, 2015), el cual llevara un tiempo consolidarse para actuar de manera operativa, por lo cual se hace un llamado para conservar las pruebas físicas impidiendo así que los hechos queden en la impunidad. Teniendo en cuenta que, la completa falta de responsabilidad imputada a los responsables en negociaciones anteriores tanto en Sudan como en el Sur, se han convertido en una causa fundamental del actual conflicto (Scott, 2015).

La Comisión de verdad por otro lado, tendrá la función de investigar las causas de la guerra civil para lograr recomendar medidas de compensación a las víctimas, sin embargo, no se le permite a las victimas dirigirse a la Comisión para contar lo sucedido ni tampoco para identificar a los criminales. Y aquellos que sean autorizados, serán escuchados en secreto por esta institución (Radio Tamazuj, 2015).

Los insólitos avances en materia de justicia transicional sin embargo, han sido opacados por la coyuntura del país, la cual, debido a los años en guerra, presenta un débil cuerpo judicial y el gobierno se ha negado en ciertas ocasiones, a cooperar con las  investigaciones  (Crawford, 2015). Adicional a esto, no se ha establecido el alto al fuego definitivo entre las partes, por el contrario, el conflicto se ha intensificado con la violación y abusos graves a los DDHH según la Comisión de la Unión Africana (Scott, 2015).  Lo ratifica así ONU mediante su informe de la situación en el país, donde hace la denuncia de los abusos del gobierno por la “política de tierra quemada” y el uso de la violación como arma de terror (El Pais, 2016).

Aportes al Caso Colombiano

Al igual que estos países africanos, la guerra se ha posicionado como una constante más que una eventualidad en el plano colombiano. Se han presentado diferentes procesos y negociaciones sucesivas con grupos guerrilleros y paramilitares para lo cual se ha formulado una serie de leyes, políticas públicas, y puesto en marcha mecanismos de justica transicional tales como especificidades de carácter penal y rendición de cuentas de los excombatientes como esclarecimiento de verdad y memoria histórica desde el 2005 (Ministerio de Justicia ) en el marco de la desmovilización de las Autodefensas Unidas de Colombia, estableciéndose entonces la denominada ley de Justicia y Paz por decisión unilateral del Gobierno Colombiano.

La importancia del caso de sudan y de Sudan del Sur radica en que pese a los esfuerzos y la firma de tres procesos de negociación de la paz, no han logrado los objetivos de paz propuestos. Esta historia no es desconocida para el caso colombiano, pues también más de un intento se han llevado a cabo. 

Así, es necesario destacar el status de la justicia transicional en tanto en Sudan del Sur, como en Colombia y la ausencia de esta en el caso sudanés, al concebirse la paz únicamente en un arreglo de repartición de poder. Por el contrario en los otros dos países, se instauran mecanismos de transición en medio de un proceso en el cual, a pesar de ser acordado el cese definitivo entre las partes, no se ha materializado, y por el contrario, sigue habiendo violación a los derechos humanos derivados de las dinámicas del conflicto. Por lo que cabría preguntarse sobre la verdadera existencia de la justicia transicional en los casos que se alude a ella para darle fin al conflicto.  Es posible que esto obstaculice y entorpezca estas medidas transicionales, las cuales, se verán aún más inoperantes en un contexto de ineficiencia judicial que permite aun no resolver casos en los cuales la responsabilidad no ha sido impuesta, y por lo tanto las víctimas no han sido reparadas de manera integral.

En cuanto a las víctimas, los procesos en los tres países, no les han brindado el papel que estas merecen. En el caso sudanes, estas no son tenidas en cuenta en las negociaciones del CPA,  por lo que el conflicto no ha visto su fin en ciertas zonas fronterizas como en Kordofan y Alto Nilo, donde ya no se da la lucha en nombre de objetivos políticos, sino al igual que Colombia, es un conflicto por poder de zonas estratégicas. Más que formal, la participación y goce de derechos debe lograrse materializar.

No se tuvo en cuenta a la población civil indirectamente afectada tampoco, y muestra de esto es el abandono gubernamental de regiones afectadas por el conflicto, como lo es el caso de Darfur. Se enfatizaron esfuerzos en la solución del conflicto entre el norte y el sur en el marco del CPA, que se dejó de lado la situación de la región que dio origen en el 2003 al primer genocidio del siglo XXI y una situación de crisis humanitaria hasta la fecha. Esto es necesario tenerlo en cuenta en un contexto como el colombiano. Las regiones inmersas en la lógica del conflicto armado, suelen no presentar un Estado robusto o eficiente que dé solución a los problemas de fondo tales como el subdesarrollo de las zonas, el contexto económico etc.

Entre estos problemas de fondo, también podemos encontrar la voluntad  política de las partes involucradas en el proceso de negociación. Por un lado, el caso sudanés y sur sudanés demuestra las trabas surgidas por las partes en cuanto al no desmantelamiento de leyes que impiden romper el status de guerra. Por el contrario, es innegable el avance que el caso colombiano efectúa en este aspecto, reflejado en la instauración de leyes y políticas públicas como la ley 975 de 2005 y el Acto Legislativo 1 de 2012, otorgándole carácter legal al proceso de negociación.

La cuestión aquí hace referencia a la forma presentada por esta voluntad  política pese a los supuestos blindajes. Según la sociedad internacional, ciertas leyes no garantizan la total reparación ni garantías de no repetición. Igualmente, al interior del país se apoya esta posición cuestionando la ley de justicia y paz como un instrumento a favor de la impunidad.

Los actuales esfuerzos para la consolidación de la paz en la Habana deben estar enfocados en la verdadera consolidación del estado de verdad y justicia en el territorio colombiano. Se pretende evitar un contexto de continuación de la violación de los Derechos Humanos en un ámbito de impunidad e inoperatividad de los mecanismos de justicia transicional establecidos como lo es el caso de Sudan y Sudan del Sur.

Estos casos africanos, nos ayudan a contextualizar los problemas de fondo que comparten estas tres naciones que potencializan la continuación del conflicto, o por lo menos impiden consolidar de la paz, como los problemas en cuando a desarrollo de las regiones en conflicto, los problemas económicos, etc.

Frente a la pregunta en mención, se puede decir que Colombia no presenta en este momento todas las garantías en términos en justicia y paz, puesto que al presentar la presente negociación, problemas estructurales en cuanto a la normatividad dada en el proceso de la desmovilización de los paramilitares en 2005, el proceso actual puede verse viciado por los escasos resultados en cuanto a verdad, justicia y reparación del proceso que le dio fin a la figura de las AUC.

Esto, además, se complementa con las condiciones de calidad de vida de las personas de zonas de conflicto. El acceso a los recursos básicos, las necesidades básicas insatisfechas, la dependencia de los cultivos de coca para la supervivencia y la carencia de posibilidades económicas, generan incentivos para la no terminación del conflicto como se ha negociado en la Habana. Por lo tanto la finalización del conflicto, va más allá de la firma del acuerdo.

Es evidente los esfuerzos políticos generados a favor del cambio, pero tanto las farc, como el gobierno colombiano deben instaurar bases sólidas que impidan dar paso a la situación que tanto Sudan, como Sudan del Sur, han sufrido posteriormente a la firma de los tratados de paz.

Fuente: Base de datos de conflicto armado en Colombia (CERAC) V13. Cifras a junio de 2010

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