"Seguridad Jurídica" por: Heidi Abuchaibe

El pasado jueves 12 de mayo se dió a conocer el Comunicado Conjunto número 69 centre las Farc y el Gobierno nacional para dotar de seguridad jurídica los acuerdos e introducirlos al sistema juridico interno. Esto dió origen a un gran debate. Sobre el tramite acordado un análisis de Heidi Abuchaibe.

LA SEGURIDAD JURIDICA DEL ACUERDO ESPECIAL

Gran revuelo ha causado el reciente comunicado conjunto número 69 entre las Farc EP y el Gobierno Nacional. Lo acordado en esta ocasión tiene un elemento particular; no  se trata del desarrollo de alguno de los puntos de la agenda, cuyo contenido fuera preliminarmente acordado, sino la determinación de un instrumento con vida propia, la expresión clara y definitiva de las partes, no  supeditado al acuerdo final. 

Lo que fuera una interpretación originaria de las FARC sobre el carácter y alcance de los acuerdos,  se materializó como la solución al gran problema de “la seguridad, estabilidad jurídica y la incorporación a la legislación interna” del futuro acuerdo final. Como en las mejores estrategias comerciales se vendió el acuerdo especial como ese antídoto incomodo pero inequívocamente necesario. Por supuesto con su respectivo costo.

No se trata de negar la necesidad de blindar los acuerdos ni la posibilidad de crear procedimientos innovadores y expeditos, sino de demostrar que la solución escogida es inocua para su objetivo y perniciosa para la generación de confianza en el proceso  y la defensa del Estado de Derecho.

El lado bueno, que al darle tratamiento de acuerdo especial, las Farc declaran y asumen ante la comunidad internacional la obligación de respetar el Derecho Internacional Humanitario con o sin acuerdo. Ninguna novedad en este sentido para Colombia, que ha firmado y ratificado los convenios de Ginebra.

No es descabellado hablar de un acuerdo especial en el marco del artículo 3ro común si esto supone que los actores de un conflicto no internacional reconocen el ius in bello, y se comprometen a limitar los efectos del conflicto armado y a proteger a las personas que no participan en las hostilidades.

Sin embargo, la preocupación surge cuando el comunicado se refiere a “incorporación” o “bloque de constitucionalidad”. No se niega la originalidad de la propuesta, pero también  lo perjudicial de la trampa. La seguridad y la garantía de cumplimiento, muy poca. Nada más inseguro para su implementación que intentar introducir por bloque de constitucionalidad prerrogativas particulares que en vez de reforzar, implican restricciones a derechos fundamentales, tratos discriminatorios a actores armados, o limitaciones a las mismas normas de Derecho Internacional Humanitario. Esta supuesta inclusión al derecho interno no deroga ni reemplaza otras obligaciones internacionales de carácter multilateral que de mayor categoría o que cumpliendo los requisitos del artículo 93 de la Constitución, prevalecen sobre le orden interno.

La inseguridad se incrementa con la incertidumbre de la improcedencia o no aprobación de la modificación que se quiere introducir al acto legislativo, o la imposibilidad de ajustar a los estándares o constitucionalidad su proceso legislativo o de control constitucional.

De otra parte, el comunicado le da el carácter de inmodificable al acuerdo preliminar del 16 de diciembre de 2015 sobre Jurisdicción Especial para la Paz, lo que implica que un acuerdo supuestamente preliminar con más de 60 páginas y una redacción más política que jurídica con grandes vacíos e incongruencias, se  introduzca como obligaciones de derechos humanos mediante el bloque de constitucionalidad.

Ahora bien, incorporar presupone la existencia de algo externo,  y para el caso de remisión entre ordenamientos jurídicos, la existencia de una norma internacional que deba ser incorporada al Sistema Jurídico nacional. Nada más lejano a la realidad del proceso de paz, cuya fuente jurídica es constitucional y legal. El derecho superior  constitucional a la paz, la ley 1421 de 2010 y la  resolución 339 de 2012, habría sido hasta ahora la fuente normativa de las negociaciones.

Esto sin hablar del Marco Jurídico para la Paz aún vigente pero inaplicado y desconocido por las partes hasta la fecha. Nada puede garantizar que la nueva propuesta de reforma constitucional sufra similar ingrato  desenlace. Así, los acuerdos fruto del mandato constitucional y legal solo debían desarrollarse y no incorporarse en el sistema jurídico nacional.

Afirmar que la seguridad del acuerdo provendrá del derecho internacional también desconoce lo frágil de ese sistema jurídico internacional y sus mecanismos de coacción, al igual que el inestable comportamiento que ha demostrado el Estado Colombiano ante instancias judiciales internacionales. El depósito de instrumentos ante organismos de dicho sistema no amplía sus competencias misionales.

Así, nada más perjudicial  para la seguridad jurídica que la inestabilidad normativa o las interpretaciones acomodadizas a las expectativas de unos, repitiéndose errores previos al consolidar  la excepción como la regla.  Dar tratamiento de tratado a lo que no lo es, introducir por bloque de constitucional asuntos que no son estrictamente de derechos humanos, o tramitar por ley ordinaria asuntos de la mayor trascendencia nacional que implican reforma constitucional, más que innovador es corrosivo de la legalidad. Este tratamiento acrecienta la inseguridad y la polarización, lo que puede afectar los posteriores trámites, legislativo, de refrendación y constitucional.

El blindaje más poderoso de los acuerdos solo puede derivar de la sensatez de las partes en respetar los límites del mandato y del objeto de negociación. La asimilación por parte de la sociedad colombiana y la credibilidad en las bondades del proceso son la mejor forma de honrar los compromisos. Cualquier instrumento jurídico queda frágil sin la legitimidad no manipulada. El texto final debe ser entonces un texto marco con un número limitado de artículos, bajo técnica jurídica que faciliten su desarrollo e interpretación.

Dicho acuerdo final no necesitaría incorporación alguna si responde a las facultades constitucionales y sus desarrollos pueden ser el fruto de leyes estatutarias cuyos procedimientos podrían haber sido reformados para darle agilidad. El marco de la Justicia Transicional, caprichosamente rechazado por las FARC, garantizaría legítimamente la aplicación de procedimientos especiales, que aunque puedan contrariar La Constitución, no la suplanta como lo ha aceptado la Corte Constitucional, por su carácter excepcional y temporal.  Hacer buen uso de los mecanismos transicionales da confianza,  transparencia  y la legitimidad necesaria para verdaderamente lograr un blindaje  que nos permita acrecentar la seguridad y alcanzar la paz.