Un importante debate se ha dado en torno a la restitución de tierras, su impacto en el marco del proceso de paz y la política de desarrollo agrario integral. Sergio Roldan hará un análisis sobre el proceso y sus retos. 

El proceso de restitución de tierras ha mostrado que los predios que se reclaman están ocupados. Muchos de sus ocupantes son campesinos que derivan su sustento del predio que deberá entregar. Su presencia en el predio puede llegar incluso a más de 17 años. En muchos casos tienen economías campesinas consolidadas y vecindades tejidas.

La experiencia internacional en esta materia indica que se debe atender la situación de vulnerabilidad del segundo ocupante, que puede ser un obstáculo para materializar la restitución.

Hungría dio un enfoque de reforma agraria a su Programa de Restitución; se trataba de brindar tierra en forma universal para quien necesitara trabajarla y tener con esta estrategia un impacto social.

En un contexto de aplicación de unas medidas de justicia transicional lo primero que se debe reconocer es que la disputa por la tierra está en la génesis del conflicto armado.

En La Habana se ha acordado que la restitución se acompañará del retorno y la reparación colectiva bajo un enfoque de paz territorial. También se acordó un catastro rural con protección del medio ambiente, un fondo de tierras que proviene de la extinción de dominio, la expropiación con indemnización y la recuperación de baldíos que se financiará con los recursos que ingresen por el impuesto predial rural.

Considerando el abandono del Estado en vastas regiones y un déficit fiscal como el que se atraviesa para el posconflicto, puede ser aconsejable invertir recursos en la reconstrucción del Estado social de derecho en esas zonas afectadas, de manera gradual. Una priorización que permita la concurrencia institucional y el fortalecimiento del Estado local y del control sobre los bienes públicos por parte de las veedurías ciudadanas. Recuperar el diálogo social entre la sociedad y el Estado local, es decir, una paz territorial, es uno de los objetivos a cumplir.

La reconstrucción en el posconflicto debe estar basada en una participación efectiva de los actores sociales interesados en el destino colectivo de su comunidad. En el proceso de justicia transicional es imprescindible, incluso obligatoria, la participación de las entidades territoriales, esto supone un proceso de descentralización en la implementación de las medidas de reparación integral a las víctimas.

La articulación de restitución-retorno-reparación colectiva definen prestaciones que se traducen en un diálogo social, que debe incorporar en la discusión pública sobre el territorio rural al menos cuatro variables: lo ambiental, lo económico, lo social y lo cultural. La toma de decisión de políticas públicas sobre la destinación de un bien público que se va a intervenir o afectar, deberá contar con procesos de publicidad, información y consulta. Una amplia convocatoria a los actores sociales, con el objetivo de vincular al proceso de toma de decisiones todos, absolutamente todos los intereses en conflicto.

Un proceso consultivo conducido por el Concejo Municipal y apoyado por la Personería y que permita llegar a un acuerdo sobre la variable que se debe proteger porque se ha podido discutir todos sus impactos, riesgos y consecuencias. La decisión puede privilegiar una variable sobre la otra, ponderar, apoyarse en criterios de proporcionalidad y razonabilidad.

Los segundos ocupantes en muchos casos deberán ser reubicados en otros predios y acompañados en la consolidación de su proyecto productivo. El Estado va a requerir tierras, recuperar baldíos y aplicar mecanismos de redistribución para toda esta población implicada.

Esta intervención tiene un impacto, sobretodo, un impacto colectivo. Lo importante de llevar a cabo el proceso participativo, de la manera más pública posible, en el ámbito local y de cara a los directamente afectados por la medida, es poder ser parte de la construcción del interés general prevalente para la comunidad, además de resolver y definir un conflicto de intereses, cuya decisión determina un aspecto del ordenamiento del territorio, decisión que es legítima y aceptable por todos.

Los ciudadanos locales reconocen lo más conveniente, saben qué debe prevalecer, saben que comparten ese propósito. Este resultado cumple con la misión de promover la resolución pacífica de conflictos y una nueva forma de hacer política: aquella que está al servicio del interés general.

En este proceso de tránsito hacia la paz estable y duradera, porque está conducido por el principio de reconciliación, el desarrollo rural tiene una misión de Estado que cumplir, en atención a la crisis humanitaria del desplazamiento, que impone recuperar la economía campesina de personas que están en situación de desplazamiento y que desean retomar su condición campesina. En la justicia transicional, las políticas de gobierno nacional y local deben acompañar los procesos de restitución de tierras, retorno y de reparación colectiva sin perder de vista la misión: promover la economía campesina.

Una intervención así puede devolver a Colombia la soberanía alimentaria; generar puestos de trabajo, proteger la economía nacional, potenciar nuestro comercio internacional, ser el motor de desarrollo local de una paz territorial que desarrolla el posconflicto en las zonas más afectadas.

Los Tratados de Libre Comercio que riñen con el propósito de impulsar la soberanía alimentaria y la producción campesina, como mecanismos idóneos para la superación del conflicto, pueden suspenderse con la voluntad de las contrapartes. Sí, la voluntad de contribuir con la paz de Colombia, un propósito que debe ser universal.

Proteger y reconstruir la economía campesina, y hacerlo en procesos participativos, puede también tener un impacto positivo en el control social del deterioro del medio ambiente local. Por otra parte, promover la agroindustria puede potenciar a Colombia como proveedor de alimentos e insumos, se trata de ponderar con un enfoque de acción sin daño, lo más conveniente al interés general.

Ambas economías pueden convivir, siempre que no destruyan el medio ambiente y respeten la autonomía territorial de los grupos étnicos y su pervivencia cultural.

En el caso de la explotación minera, el Estado debe decidir dónde se hará minería y dónde no se hará, proceso que requiere la revisión concertada de todas las licencias. La decisión de dar permiso a la explotación minera debe consultar las decisiones mayoritarias de la población local afectada por medio de sus autoridades legítimas. Así se promueve la reconstrucción del Estado local.